¿Amante del Derecho y el café? Estas en el lugar correcto, temas del ordenamiento jurídico salvadoreño te esperan justo aquí. Enjoy it!
jueves, 9 de marzo de 2023
PAGO CON SUBROGACIÓN Y ACCIÓN OBLICUA
martes, 28 de febrero de 2023
RESCILIACIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA NO INSCRITO EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE
Resulta altamente delicado el conceptualizar y delimitar instituciones como la resciliación, la rescisión y la resolución.
Lo sé, suenan tan igual que es demasiado fácil confundirlas. Son tan distintas que lo único que las une es que todas son instituciones que tienen que ver con los contratos y la cesación de los mismos, eso si, por diferentes motivos.
Este pequeño estudio surge por la pregunta de una persona, esta me consultaba, ¿procede la resciliación del contrato de compraventa que aún no se ha inscrito en el Registro?
Dudoso..., verdad, dudoso.
Aún así, quise estudiar primero qué diferencia a la resciliación de la rescisión y de la resolución.
Pues bien, pensemos. y empecemos por el final, es decir, por la resolución. Como es bien sabido, la condición resolutoria tácita o pacto comisorio deriva de una clausula inmersa -tácitamente- en todos los contratos bilaterales, tal y como nos lo estipula el artículo 1360 C, "En los contratos bilaterales va en cuenta la condici6n resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o resoluci6n o el cumplimiento del contrato, con indemnizaci6n de perjuicios en uno y otro caso."
Es preciso y atinente, lo que se expresa en uno de los Documentos de Bóveda de la CSJ, en donde se menciona que "...Debe aclararse algo que el Legislador no lo dijo y que consiste en explicar que se refiere solamente a los contratos bilaterales de tracto instantáneo, ya que en los contratos bilaterales de tracto sucesivo no se da la resolución, sino lo que ocurre es la terminación del contrato".
"La condición resolutoria tácita se diferencia con la condición resolutoria expresa en los siguientes aspectos: 1.- La condición resolutoria expresa opera de pleno derecho; la tácita, en cambio, necesita declaratoria del Juez, ante quien hay que pedir la resolución del contrato. 2.- Cumplida la condición resolutoria expresa deberá restituirse lo que se hubiese recibido en virtud de tal condición. Art. 1358 C. C. Además en la condición resolutoria expresa no puede el otro contratante pedir el cumplimiento del contrato sino únicamente la resolución; en cambio, frente a la condición resolutoria tácita, el contratante que cumplió su obligación puede pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios en ambos casos, según el Art. 1360 inciso 2° C. C.
La condición resolutoria tácita sólo opera en los contratos bilaterales y de éstos solamente en los de tracto instantáneo.
Sin embargo, el Art. 1935 C. C. indica que en el comodato o préstamo de uso, que es un contrato unilateral, si el comodatario no emplea la cosa en el uso convenido, el comodante podrá pedir la restitución inmediata de la cosa, aunque se haya estipulado plazo; lo que equivale a una condición resolutoria tácita.
Existe aplicación de la condición resolutoria tácita en el caso del contrato de compraventa que da derecho al vendedor para exigir la resolución de la venta si el comprador no paga el precio. Arts. 1675, 1677 y 1678 C. C.
Igual ocurre a la inversa si el vendedor no entrega la cosa vendida. Art. 1629 inciso 2° C. C. " (https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/E/1/2010-2019/2011/10/98369.HTML).
Ante tales especificaciones, entendemos que, la resolución del contrato es una garantía para aquel que sí cumplió lo pactado ante quien no lo hizo, puede, por tanto, pedir al Juez, ya sea que el contrato cese en sus efectos o el cumplimiento del mismo, eso si, pudiendo pedir indeminización en ambos casos, entendemos entonces que, esta debe ser mediante proceso judicial y por tanto, declarada por el Juez competente.
Ahora bien, la rescisión del contrato es a consecuencia de una nulidad relativa, tal y como se anuncia en el acapite del Titulo XX del C., en donde se expresa en el inciso último del articulo 1552, del mismo cuerpo legal, al decir: "Cualquier otro tipo de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato"
Nuevamente, en Documentos de Bóveda de la CSJ, establece que "...la nulidad relativa se refiere a la penalidad que acaece a los actos celebrados con prescindencia de un requisito exigido en atención a la calidad o estado de las partes..". (https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/E/1/2010-2019/2014/02/ACDC0.HTML)
Es así, la rescisión imaginemosla en el supuesto que, yo como Notario celebro una compraventa entre determinado señor a favor de mi mamá, vulnerando el articulo 9 de la Ley del Notariado. Esta nulidad, contraria a la nulidad absoluta, no puede ser declarada de oficio sino solo a petición de parte, es decir, por aquellos a los que la misma les proporcione beneficios, e inclusive puede prescindirse de la misma por el simple transcurso del tiempo o por el acuerdo de ratificación entre las partes involucradas, pues como sabemos, no se han vulnerado los requisitos de existencia, sino que, la calidad o estado de las partes no es el correcto (Art.1554 C)
Finalmente, la resciliación, consta de mayor relevancia por ser la protagonista en el caso que nos ocupa, en relación al cuestionamiento hecho por mi querida amiga. Pues bien, la resciliación o mutuo discenso delimitada en e1 inciso primero artículo 1438 C., establece que "Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por cumplida."
Veamos otros dos artículos importantes para poder dar respuesta a la interrogante, así es, el articulo 1597 C, en el que se dice que, "La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero..." y el artículo 1605 del mismo cuerpo legal, que establece que, "La venta se reputa perfecta, desde que las partes han convenido en la cosa que es el objeto de la venta y el precio...". Resaltado propio.
Ahora si, como vemos en el caso particular objeto de este estudio, la compraventa es un contrato que resulta perfecto, es decir, con todas las obligaciones cumplidas, desde el momento que se define el precio y la cosa. Entonces, en la venta, el inmueble tenía establecido y pagado el precio y por tanto, ya se había realizado la tradición del dominio; lo único que faltaba era el requisito de publicidad, pero no para que fuese perfecto entre las partes, pues entre ellas ya era obligatorio y se encontraban cumplidas ambas obligaciones, sino frente a terceros, es decir, faltaba únicamente la respectiva inscripción en el Registro de la Propiedad Raíz, si, erga omnes.
Y, ¿cómo puedo afirmar que es así?, veamos el contraste. Si el articulo 1438 me dice que las partes pueden "...consenttir en darla por cumplida", es porque la obligación no ha sido cumplida, no se ha reputado perfecta, pero si el artículo 1605 me dice que ya se ha reputado perfecta, es porque no cabe ni resulta posible la resciliación del contrato pues no hay nada que consentir como cumplido, la compraventa ha cumplido y desplegado todos sus efectos entre las partes. Y se puede uno preguntar, ¿qué procede entonces?, pues la venta "en vía de regreso", vender de nuevo el inmueble, pero haciendo el cambio, es decir, el otorgante será ahora a favor de quien se celebra y la persona a favor de quien se había hecho figurará ahora como otorgante. Dando así solución a la problemática creada, con la salvedad de no haber pagado derechos de registro, y logrando así solo pagar una vez, ya que, si se hubiese inscrito, con esta nueva compraventa debían pagarse los derechos correspondientes pues es una nueva transferencia del dominio del bien objeto de la misma.
jueves, 23 de febrero de 2023
TITULO SUPLETORIO Y PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA (USUCAPIÓN)
A raíz del recuerdo vivo de mi padre, y de formas poco adecuadas en las que se aceptó su herencia, surge en mi la necesidad de hacer cumplir lo que para mi supone, su ultima voluntad, dejar las cosas bien hechas.
Mi padre desde siempre buscó seguridad y protección para nuestro núcleo familiar, proveernos desde lo mínimo como comida, vestido y estudio, hasta nuestra casita. Al momento en que mi padre compró el terreno en que haría de esa casa, nuestro hogar, compró a sabiendas que no existía escritura, por tanto, no le entregaron a él ningún documento que acreditase que era el nuevo dueño. Lo que él no sabia era que, no existía antecedente inscrito.
Siendo tan diligente y capaz, como lo recuerdo, buscó la forma de tener en "papel" algo que dijese que él era el dueño, el propietario del inmueble que había comprado.
Al carecer el inmueble de un antecedente inscrito en el Registro correspondiente, lo que procedía legalmente era seguir las diligencias de un Titulo Supletorio reguladas en el articulo 699 y siguientes del Código Civil, así lo hizo mi padre, y nuestra casita sigue siendo nuestra.
Pero, ¿por qué no procedió la prescripción adquisitiva si él de forma quieta, pacifica e ininterrumpida llevaba un plazo mayor al estipulado para lograr ganarla por ese medio?
Ese cuestionamiento me llevo a esta pequeña investigación en la que decidí buscar la diferencia en dos figuras similares y la forma tan distinta que tienen de proceder y definirse.
Por un lado, el titulo supletorio tal y como lo estipula el articulo 699 C, ocurre cuando "El propietario que careciere de titulo de dominio escrito, o que teniéndolo no fuere inscribible, podrá inscribir su derecho justificando sumariamente ante el Juez de Primera Instancia del distrito en que estén radicados los bienes, que tiene mas de diez años de estar en quieta, pacifica y no interrumpida posesión de estos..."
Así es, el titulo supletorio tal y como su nombre lo indica busca suplir el titulo, mas no constituir derecho de propiedad pues ya se es propietario, lo que no existe es el antecedente inscrito. Y se hace ante juez, mediante solicitud, lo que implica que no es contencioso sino meras diligencias, y poder así lograr la primera inscripción en el registro correspondiente, "...pero sin perjuicio de tercero de mejor derecho". (art.704 inc. final). Lo que implica que, si alguien tuviese una compraventa anterior a la de mi padre, es decir, un justo titulo, será esa la de mejor derecho, y por tanto, la titularidad, el señor y dueño sería la persona anterior, prior in tempore potior iure-, si, el que es primero en tiempo, es primero en derecho.
Por otro lado, en el usucapión, puede o no tenerse titulo justo, es decir, una compraventa, donación o cualquier otro instrumento que trasfiera el dominio, pero si existe antecedente inscrito. Al no tener justo titulo el tiempo para poder alegarla no será de diez años sino que debemos demostrar que venimos poseyendo desde hace mas de treinta años, si de bienes inmuebles hablamos. Art. 2247 y 2250 C.
Entonces, lo que ocurriría fuese que, la persona que vendió a mi padre, perdió, extravió o lo que fuese, el título, pero existe antecedente inscrito, no a favor de dicha persona sino de la persona que se lo vendió, y allí si, procede el usucapión mas no el titulo supletorio.
Lo que importa aquí es que, no buscamos probar y alegar que somos dueños sino que, somos legítimos poseedores y que, por tanto, aspiramos a ser propietarios, señores y dueños del inmueble. Con la prescripción adquisitiva se reconoce el derecho y este no puede ser impugnado, y será perfectamente inscribible en el Registro correspondiente (art. 2252 C.); eso si, es un proceso común y por ende contencioso, costoso y largo.
Entonces, ¿por qué no se siguió la prescripción adquisitiva en vez del titulo supletorio?
Porque mi padre tenía mas de diez años de haber celebrado la venta y en el registro correspondiente no existía dueño alguno anterior a él, él era dueño y señor, no buscaba acreditarlo, buscaba suplir el titulo del que carecía.
De forma concluyente se puede decir que, si bien son figuras distintas y operan de forma diferente, son mecanismos válidos, legales y funcionales para dar a quien no posee, la titularidad en la que se le consigna como propietario del bien inmueble objeto de los mismos.
domingo, 29 de enero de 2023
IDENTIDAD PERSONAL Y SU DIFERENCIA CON LA ADECUACIÓN DE NOMBRE.
El paso del tiempo trae consigo cambios a nivel jurídico que inciden directamente en las esferas personales que aunadas al desconocimiento, son un problema a solucionar en el futuro, en el momento justo en que resulta necesario, pues como todos, solo vemos que algo falta cuando lo necesitamos.
Como suelo siempre decir: comencemos por el principio. ¿Con que se comprueba el nombre de una persona? Exacto, con la prueba preferente que nos estipula el articulo 195 C.F. para el estado familiar, y que nos reitera de forma expresa el articulo 34 de la Ley del Nombre de la Persona Natural.
Y, ¿por qué ver la certificación de partida de nacimiento nos dará luz a nuestro estudio?, la razón es simple, de esa forma encontraremos la forma de proceder.
La identidad personal, procede, tal y como lo menciona el articulo 31 de la Ley del Ejercicio de la Jurisdiccíon Voluntaria, y recuérdese lo textual del inicio del artículo "Cuando una persona natural trate de establecer que es conocida con nombres o apellidos que no concuerdan con los asentados en su partida de nacimiento...". Entonces, la identidad me asigna un nombre no consignado en mi partida, porque en determinados documentos o por personas, soy conocida por nombres y apellidos distintos.
Mientras que, en relación a la adecuación de nombre, nos menciona la Ley del Nombre de la Persona Natural en su artículo 39 que, "La persona cuyo nombre no se este conforme con las disposiciones de esta ley, podrá continuar usándolo sin modificaciones o adecuarlo a ella...".
Es allí donde radica la diferencia, en que, la identidad me asigna un "conocido por", es decir, un nombre distinto al que ya tengo establecido en mi partida, este "conocido por" se ha formado y acentuado conforme los años han pasado, nombre con el que actualmente se me conoce y reconoce inclusive en documentos. En cambio, la adecuación del nombre su origen y motivo es distinto, pues lo que ha ocurrido es que, mi nombre se formó anterior a las nuevas disposiciones, aunado a que, mi padre y mi madre no estaban casados o no tuve un padre que me reconociera, teniendo como motivos los anteriores es que puedo adecuar mi nombre, e invertir mis apellidos, o establecer el segundo que no tengo, o tomar el apellido de mi padre que me ha reconocido y posicionarlo antes del de mi madre y adecuar el de mis hijos, por extensión.
Y si, pensaron como yo, en la rectificación de partida de nacimiento, es el motivo o causa el que cambia, pues lo que ha ocurrido es que, la falta de precisión y cuidado en los Registros Familiares, ha hecho que se omita o se haya errado en la asignación de los nombres y apellidos.
Todos y cada uno de los supuestos pueden ser vía notarial, siempre y cuando el interesado sea mayor de edad, caso contrario serán los juzgados especializados.
jueves, 19 de enero de 2023
¿HIPOTECA DE UN DERECHO PROINDIVISO?
La carrera ha sido para mi vida, pasión y dirección, pero el ejercicio de la profesión ha sido un constante aprendizaje, es recibir en un día las clases de dos ciclos completos.
Las situaciones de la vida diaria son las que albergan las mejores enseñanzas, las mejores lecciones y sin duda los mejores golpes de realidad, ese momento en que uno se dice a si mismo, una frase que escuché decir a un querido colega: "una linea mas al tigre".
Entre esas lineas, se acercó un cliente solicitando dar como garantía hipotecaria un derecho proindiviso del que figuraba como dueño y legitimo poseedor.
Comencemos por el principio, ¿qué es un derecho proindiviso?
"Derecho que pertenece a varias personas; lo que significa que no hay división material de las partes, o sea que la cosa o el derecho pertenece a varias personas, pero no se puede decir cual parte específica corresponde a cada uno, pues el derecho en cuestión pertenece a todos, sin división material de las partes; extendiendo el derecho a todas y cada una de las partes de la cosa en común." (TRABAJO DE GRADO: LIMITANTES JURÍDICAS DE LOS TITULARES DE DERECHO PROINDIVISO PARA EJERCER SU DERECHO DE DOMINIO SOBRE LOS BIENES INMUEBLES DE DIFÍCIL PARTICIÓN. UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR)
Ahora bien, imaginemos el caso en concreto, al señor X, dueño de un % de un inmueble, le surge la necesidad de realizar un prestado, pero el señor Y, no le presta la cantidad solicitada sino le da algo como garantía, el señor X ofrece su derecho proindiviso para que sea hipotecado, y llega a su oficina notarial a que le haga el documento para obligarse. ¿se puede?.
Efectivamente, si se puede, pero sin faltar nuestra fase asesora para ambos, pues piensese lo siguiente:. el señor X, solo tiene a su disposición un %, el señor Y prestará una suma considerable, con la salvedad de ser dueño de ese porcentaje en caso de incumplimiento.
Pasado el plazo y ante el incumplimiento, se sigue el correspondiente Proceso Civil Ejecutivo, pensando en que lo se suscribió fue un mutuo hipotecario, y se pide se embargue la cuota perteneciente al deudor, y luego seguir con la ejecución forzosa en caso de no pago. El ejecutante tiene la opción de venderlo en publica subasta o de adjudicárselo en pago. En caso de elegir la segunda, el ejecutante, debe saber que para ese momento la situación no ha sido solucionada, pues no sabe que parte del inmueble es suya de acuerdo a su porcentaje, y que, lo que sigue es la partición, y si fuese el caso, inclusive se debe seguir una remedición del inmueble en caso de que la cabida del mismo sea mayor o menor a la consignada en el antecedente.
Es difícil no pensar en la poca conveniencia del negocio si la cantidad de dinero prestada supera la cantidad en la que la futura hijuela será valorada, teniendo en mente el costo en los procesos y procedimientos arriba descritos. Es por eso que el requisito sine qua non, es sin lugar a dudas, la aceptación completa y total de todos los costos y posibles beneficios por parte del futuro acreedor.
Lo que no esta prohibido esta permitido, pero no todo y no siempre, será conveniente.
lunes, 16 de enero de 2023
ACCIÓN PAULIANA Y ACCIÓN PUBLICIANA CON SU CASI IGUAL ACCIÓN REIVINDICATORIA
Los bienes y el modo de adquirirlos ha hecho surgir a lo largo de la experiencia, acciones que buscan la recuperación de su dominio, de su posesión e inclusive la disolución de aquellos actos en donde figuran como base.
Esta diferenciación que busco con pocas palabras resumir surgió a raíz de un caso que llegó a mis manos, el caso lo plantearé para fines académicos y ejempleficativos, y es el siguiente:
El señor J, celebró un contrato de mutuo por "x" suma de dinero por el plazo de TRES meses, sin pactarse intereses, mas que los legales establecidos en la ley, esto a favor del señor O, y como garantía del cumplimiento de la obligación figuraba la madre del señor O, como fiadora. Es asi que, pasados alrededor de dos meses, el señor O decide enviar la mitad del dinero al señor J, en concepto de "intereses pactados verbalmente", cumplidos los tres meses, y sin pagar la suma total, el señor O y la su madre, la fiadora, realizan el traspaso de nichos o puestos a perpetuidad a favor del señor J. El Notario autorizante con o sin conocimiento no cumplió la leyenda de cada documento notarial que reza: "a quienes expliqué los efectos legales de esta escritura, y leído que les hube lo escrito en un solo acto no interrumpido, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos".
Obviando la fase asesora, él olvidó explicarle los efectos y la forma de validar su derecho en el Cementerio correspondiente, es así, que ante la inactividad del señor J, el señor O y su madre, pidieron una nueva certificación de los títulos de los nichos dados en pago, e hizo, la madre, "dueña con titulo extraviado" el traspaso de los nichos a su hijo, el señor O.
jueves, 3 de noviembre de 2022
RENUNCIA A LA PRESCRIPCIÓN COMO VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 12 C.C.
Ayer, mientras leía una de las preguntas de las tantas posibles para el examen de suficiencia para acreditarse como Notario, me encontré una muy interesante, y he querido de este modo revivir lo que un día fue este blog; La pregunta es la siguiente:
A recibió de parte de B, a titulo de mutuo, la suma de $30,000 dolares de los Estados Unidos de América; C se constituye fiador de A, por la suma mutuada, otorgando garantía hipotecaria a favor del acreedor. Transcurren mas de diez años, y el acreedor no reclama la deuda, sin embargo, promueve la acción ejecutiva en contra del fiador solidario. Supongamos que el deudor principal renunció a la prescripción, diga cual es el efecto que produce tal renuncia:
a) Que el acreedor podrá cobrar la deuda al fiador, por ser este solidario.
b) Que el fiador no puede invocar la excepción de prescripción, por haberla renunciado su deudor principal
c) Ninguna de las anteriores
En la pregunta vale la pena tener en cuenta solamente el hecho de que A renunció a la prescripción y que el acreedor inició un proceso ejecutivo para reclamar la deuda, lo demás solo desvía la atención a la respuesta que ellos buscan, es decir, ¿cual es el efecto de esa renuncia?
Debemos comenzar con el artículo que ellos citan como respuesta, y es el articulo 2235 CC, mismo que especifica que "el fiador podrá oponer al acreedor la prescripción renunciada por el deudor principal", a esto, antes de continuar relacionemos el artículo 12 del mismo cuerpo legal, que establece "Podrán renunciarse a los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren el interés individual del renunciante, y que no este prohibida su renuncia"
Por tanto, el efecto que produce es el nacimiento del derecho del fiador a oponer como excepción la renuncia hecha por el deudor. "En lo que se refiere a la renuncia a la prescripción, esta figura puede considerarse como un acto de reconocimiento por parte del deudor, que reanima la obligación que en principio se consideraba prescrita por haber transcurrido el plazo que la ley prescribe para tal efecto" (https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/E/1/20102019/2019/05/DA4B7.HTML#:~:text=DE%20LA%20RENUNCIA%20A%20LA%20PRESCRIPCI%C3%93N.&text=En%20lo%20que%20se%20refiere,ley%20prescribe%20para%20tal%20efecto.)
Pero eso nos lleva a que, si se puede oponer, implica que es un motivo de oposición, pero ¿por qué?, porque la renuncia hecha por el mencionado deudor, es solo para él, pero con daño colateral, y la violación al articulo 12 permite que la misma no sea valida, lo que haría un excelente motivo de oposición pues la renuncia no fuese valida, y la prescripción extintiva, claro esta, es la salvación del inocente e ingenuo fiador solidario, que hemos de nosotros procurar, nunca ser.
jueves, 14 de octubre de 2021
DERECHO DE TRANSMISIÓN Y REPRESENTACIÓN EN CONTRASTE CON EL DERECHO DE ACRECER Y EL DE SUSTITUCIÓN.
La sucesión de bienes ya sea testamentaria o abintestato contiene una serie de derechos que asisten a los que tengan vocación sucesoria dentro de la herencia que se trate.
Estos derechos son diferentes y excluyentes entre si, no obstante todos suponen la posibilidad de ocupar el lugar de otro y, por ende, recibir los derechos que a aquel pertenecían. Entonces, ¿cómo podemos definir a cada uno?
Inicialmente y de manera introductoria diremos que se sucede a una persona fallecida a titulo universal (herencias) o singular (legados), entiéndase el primero como aquel en el que se transmiten todos los bienes y el otro como aquella sucesión de cosa cierta y determinada, cabe decir que este último solo es posible en la sucesión testamentaria, pues es solo mediante esta que el causante puede disponer de sus bienes a arbitrio.
Ocurrida la delación, a los herederos o legatarios les nace los derechos arriba enunciados, el primero de ellos lo desglosa el articulo 958 C, estableciendo que:
"Art. 958.- Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito, fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido.
No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite".
Lo primero a notar en la definición legal del mencionado derecho es que, el heredero fallece antes de haber tenido la oportunidad de decidir sobre la herencia a la que tenía derecho, y que, aún no sabiendo de la herencia antes de morir, transmite a sus herederos su derecho a dicha herencia. Es decir, lo mas importante en este derecho es que el heredero fallezca sabiendo o no de su derecho, es entonces que sus hijos, cónyuge o demás con vocación sucesoria en su herencia, pueden, asimismo aceptar la que le correspondía a él como heredero, y consecuentemente pueden, aceptar ambas, pero no pueden aceptar la de transmisión sobre la que por derecho legítimo les corresponde, derivada, claro esta del que ha fallecido y los ha hecho participes de la primera.
A manera de ilustración, imaginemos que, Juan Zepeda es el abuelo de Pedro Zepeda, quien asimismo, es hijo de Armando Zepeda, lastimosamente hace unos días Juan Zepeda sufrió un infarto; siendo el caso que la herencia del ahora causante (Juan Zepeda), tiene derecho a suceder Armando Zepeda, en su calidad de hijo, no obstante, hace ya un tiempo que Julio viene padeciendo cáncer, el cual lo ha dejado postrado en cama, y al paso de tres meses de fallecido su padre (es decir, Juan), muere a causa de su enfermedad. A Pedro Zepeda le ha nacido con la muerte de su padre, el derecho a sucederle, y suceder por derecho de transmisión en la herencia de su abuelo, pues su padre, pos-murió a su abuelo, lo que implica el nacimiento del derecho a la referida herencia, entonces, Pedro podrá, por derecho de transmisión, aceptar previo a la aceptación de la herencia de su padre, la de su abuelo.
Y si, ¿Armando repudió antes de morir?, en este caso no es viable el derecho de transmisión, pues quien tenía la vocación sucesoria, ha repudiado antes de morir y transmitirla, en consecuencia, no hay derecho que transmitir.
Ahora bien, el derecho de representación, tal y como lo define el artículo 984 C, es "(...) una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre, si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder.
Se puede representar a un padre o madre que, si hubiese querido o podido suceder, habría sucedido por derecho de representación".
El derecho de representación, es tener el derecho a una sucesión donde el padre o la madre tenía vocación sucesoria, es decir, tomar el lugar de estos y su calidad en la sucesión de que se trate, pero para ello, este padre o madre no ha fallecido, pero no desea aceptar la herencia, o en su caso, premurió al causante y esto limita su capacidad para suceder. Al decir que se puede suceder a nuestra madre o padre significa que solo son los descendientes los que pueden y tienen este derecho, es decir, usted como hijo o hija.
Otra situación a tener en cuenta es que, el derecho de representación, según las razones expuestas por la CÁMARA SEGUNDA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL CENTRO en su resolución con referencia 67-3°CM-16-A, dictada a las nueve horas quince minutos del día veintiuno de diciembre del año dos mil dieciséis, el derecho de representación solo puede darse en la sucesión intestada, pues "a) El artículo 984 C.C., que define el derecho de representación, se ubica en el Título que se refiere precisamente a la sucesión intestada; y b) El propio artículo 984 C.C., comienza aludiendo sólo a la sucesión abintestato".
Siguiendo con el ejemplo anterior, imaginamos que Armando premurió a su padre Juan, entonces Pedro puede suceder en la sucesión de su abuelo por medio del derecho de representación, o si fuese el caso, si Armando no desea recibir la herencia de su padre, de igual forma, Pedro puede acceder a la misma por el mencionado derecho que le asiste dado por su padre.
En el caso del derecho de acrecer, según el artículo 1123 C, al destinar "(...) un mismo objeto a dos o más asignatarios, la porción de uno de ellos, que por falta de éste se junta a las porciones de los otros, se dice acrecer a ellas".
Entonces, el derecho de acrecer solo es posible en las sucesiones testamentarias, y que, solo ocurre cuando un mismo bien es dejado a dos o más personas, sin determinar cuota o determinada la cuota esta es igual para todos, y que, si se ha dejado cuotas a cada uno de ellos, pero de diferente porcentaje, no sera posible acrecer pues cada cuota es una asignación separada, a pesar de ser un mismo bien. Asimismo, podrá haber lugar al acrecimiento si una misma cuota es asignada a dos o mas, pues no existe división y al faltar uno, los que quedan podrán aumentar su cuota hasta en la parte que les corresponde.
Cabe hacer mención que, la cuota o parte de un bien dado a los asignatarios puede hacerse en una misma clausula del testamento o en separadas y que, el testador podrá prohibir el derecho de acrecer, y entonces, ¿qué ocurre con la parte asignada no recibida ni acrecida por los restantes? esta pasa a ser una sucesión abintestato, es decir, deberá ser destinada por asignaciones por causa de muerte, es decir, las hará la ley según orden dado por el articulo 988 C.
Una última prohibición a los coasignatarios es que, no podrán repudiar su cuota y aceptar la porción en la que acrecen, pero si podrán quedarse únicamente con la que les correspondía desde el inicio. Todo lo anterior, con base a los artículos 1123 y ss C.
Y como último derecho a estudiar tenemos el derecho de sustitución, este se encuentra regulado en el artículo 1133 inciso 2 C, y se dice que la sustitución vulgar es la única permitida y "(...) es aquella en que se nombra un asignatario para que ocupe el lugar de otro que no acepte, o que, antes de deferírsele la asignación, llegue a faltar por fallecimiento, o por otra causa que extinga su derecho eventual".
Contrario al derecho de acrecer, el derecho de sustitución advierte que una asignación es dejada a uno en especifico, pero en caso de faltar puede otro asignado ocupar su lugar, es como en buen salvadoreño "amarrar el chucho con tiempo", pues el testador prevé que el asignatario puede no aceptar o morir antes de saber de la existencia de la sucesión, y designa a un sustituto, y a sustitutos del sustituto si este último llegase a faltar.
Es de reparar en que, este derecho es excluido por el derecho de transmisión, pues si se da el caso en que la asignación tiene como sustituto a persona que tiene vocación sucesoria según el artículo 988 C, lo que se hará es tramitarlo bajo el derecho de transmisión y no de sustitución. Y además, el derecho de sustitución excluye al derecho de acrecer, por la razón que, el derecho de acrecer solo es posible sino existe sustituto en la asignación dada. Según lo regulado en el artículo 1140 del mismo cuerpo legal.
lunes, 8 de marzo de 2021
CARTA DE CRÉDITO - OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES, REGULACIÓN NORMATIVA Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
a. OBLIGACIONES DEL DADOR: si el tomador garantizó al dador el importe de la carta y ésta no fue atendida, el dador estará obligado al pago de los “daños y perjuicios” (Art. 1179 Inc. 2 Com.). El dador quedará obligado hacia la persona a cuyo cargo la dio, por la cantidad pagada por la carta, dentro de los límites fijados en la misma (Art. 1181 Com.).
b. OBLIGACIÓN DEL TOMADOR: deberá reembolsar sin demora al dador la cantidad recibida. Si no lo hiciere, podrá exigírsele con el interés legal y al cambio corriente en la plaza en que se hizo el pago, sobre el lugar en que se verifique el reembolso.
c. OBLIGACIONES DEL TERCERO O BENEFICIARIO: en caso de aceptar realizar el negocio ya sea por servicios o mercancías, le nace la obligación de entregar las mercancías o prestar sus servicios.
DERECHOS DE LAS PARTES
a. DERECHO DEL DADOR: el que expida la Carta de Crédito podrá anularla en cualquier tiempo, poniéndolo en conocimiento, eso sí, del tomador y de aquel a quien fuere dirigida la carta (Art. 1180). Podrá, asimismo, exigir el pago del crédito al tomador en caso de que esta haya sido la forma de generar el importe de la carta de crédito.
b. DERECHO DEL TOMADOR: solo tendrá acción el tomador para exigir el importe de la carta, cuando haya dejado tal importe en poder del dador, o bien cuando sea acreedor de éste por ese mismo importe (Art. 1179 Com.)
c. DERECHO DEL TERCERO O BENEFICIARIO: recibir el pago de parte del dador de la carta de crédito en concepto del negocio efectuado y ya garantizado.
REGULACIÓN NORMATIVA
La regulación normativa de la carta de crédito se encuentra establecida en el Código de Comercio en el Libro Cuarto, Titulo VII bajo el acápite OPERACIONES DE CREDITO Y BANCARIAS, comenzando su regulación de esta en el Capítulo VI, artículos del 1178 al 1183.
En el desarrollo de los artículos se encuentra el desglose de ciertas cuestiones que habrá que enfatizar con el fin de conocer en amplitud lo que es y busca la carta de crédito, pero, sobre todo, los requisitos de la misma.
Inicialmente se estableció la definición y en esta se dijo que debía ser emitida a favor de persona determinada, ya que no estamos frente a un titulovalor a la orden o al portador sino frente a una carta de recomendación, porque de lo contrario se estaría emitiendo papel moneda, ya que la misma contiene dentro de si la aseguranza de un valor determinado o máximo. (Art. 1178 Com.). De igual forma se dice que si la misma no se acepta, no es protestable y tampoco negociable, es decir, no es necesario que se acepten las obligaciones que incorpora el documento (Art. 724 Com.), pues el tercero o beneficiario no tiene ninguna obligación que derive de la misma, solo aceptar voluntariamente, ni tampoco se puede protestar su falta de pago, esto por disposición expresa del artículo en estudio, y finalmente no es negociable porque no se ha creado para circular, no puede endosarse, tal y como lo establece el artículo 651 Com., al tenerse expresa prohibición no son aplicables tales disposiciones de los artículos anteriores a ese.
Según lo regulado por el articulo 1179 Com., este tipo de operación bancaria puede asegurarse por medio de fianza si se recibe del emisor un crédito, si en dado caso el pago de ésta no se efectúa, el emisor está obligado al pago de daños y perjuicios que no excederán de la décima parte no del importe, sino de lo no pagado y, por supuesto de los gastos que la fianza generó. El emisor podrá anular esta carta de crédito, pero no si está asegurado el pago por medio de fianza o es deudor del tomador por la misma cantidad del importe, sino está bajo esas condiciones podrá anularla en cualquier tiempo y avisar a los sujetos implicados. (Art.1180 Com.).
Una situación más en cuanto a esta regulación normativa es el plazo, ya que el mismo es de solamente seis meses, sino se establece lo contrario, es decir, por convenio el emisor y el tomador. (Art. 1182 Com.). Para culminar, como se ha venido diciendo, si el emisor ha dado el crédito y no es pagado por el tomador en tiempo, se le imputarán los intereses legales correspondientes y bajo el cambio del lugar donde se hizo el pago y el lugar donde se reembolsará, ya que, si recordamos, la carta se envía al extranjero, es decir, al lugar donde se encuentra el exportador, del cambio que allá se tenga respecto al lugar donde se cobrará al tomador, será lo debido. (Art. 1183 Com.)
APLICACIÓN PRÁCTICA
En El Salvador se trabaja habitualmente con cartas de crédito a la importación y a la exportación, lo que supone una mayor seguridad documentaria para el comprador, que se asegura en recibir la mercancía ordenada de acuerdo con la calidad y cantidad establecida. Por su parte, el vendedor obtiene un pago asegurado por el Banco y reduce los retrasos en el pago por problemas políticos o cambiarios del comprador.
Este instrumento es la forma más segura de cobro para el exportador y la más costosa para el importador. Están regulados por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y Reglas Uniformes Relativas a los Créditos Documentarios (URU). La carta de crédito permite al garante y al beneficiario proteger su inversión por medio de las diferentes herramientas (Pagarés, letras de cambio, o contratos) estableciendo términos y clausulas para su cumplimiento en el plazo establecido.
Existen diversos bancos que efectúan este tipo de créditos como es el caso del Banco Industrial con Las Cartas de Crédito de Importación, que son un instrumento de pago usual en el comercio exterior y se define como una orden condicionada de pago que emite una institución de crédito (banco emisor) por cuenta y orden de un importador/ comprador/ ordenante, a favor de un exportador/ vendedor/ beneficiario, con el compromiso de honrar el pago a su favor, a través de otra institución de crédito, contra la presentación de determinados documentos relativos a la venta de mercancías o prestación de servicios, los cuales deben cumplir estrictamente los términos y condiciones estipulados en la Carta de Crédito
La forma en que los bancos realizan este tipo de crédito es mediante el depósito en cuenta de cheques, contra línea de crédito o, en caso de que el tomador no cuente con chequera ni línea de crédito con él, a través de la apertura de un crédito simple que indique que ese dinero se pone a disposición en una plaza diferente. Sin embargo, la carta de crédito también opera en algunos negocios de la práctica privada. A manera de ejemplo se consideró oportuno mencionar los requisitos para emitir una carta de crédito por parte del Banco Agrícola.
Requisitos para los importadores
1. Solicitud de apertura de carta de crédito Persona Jurídica.
2. Garantías acordadas con el banco.
3. Pagaré firmado por el cliente.
4. Instrucciones adicionales para la carta de crédito.
Requisitos para los exportadores
1. Indicar el código Swift de Banco Agrícola al importador: CAGRSVSS, para que envíen la Carta de Crédito.
2. Presentar Carta de Remisión y documentos definidos en la Carta de Crédito Los requisitos difieren dependiendo de las políticas de cada institución bancaria, pero sus acciones deben ir en atención a la normativa jurídica que regula la Carta de Crédito.
viernes, 5 de marzo de 2021
CARTA DE CRÉDITO - OBJETO, CARACTERÍSTICAS Y SUJETOS INTERVINIENTES
OBJETO
El objeto de la carta de crédito es como ya se dijo: brindar la seguridad al tercero sobre la solvencia de fondos que posee el tomador de la carta. Es entonces un respaldo para la compra y seguro pago de las partes intervinientes en el negocio mercantil, ya que comúnmente, la relaciones en las que este objeto se verifica es en las de importador y exportador, tomador y el tercero, respectivamente.
CARACTERÍSTICAS
Dentro de aquellas peculiaridades que distinguen a la carta de crédito, podemos establecer las siguientes:
a. La carta debe ser expedida a favor de persona determinada, por tanto, no puede ser expedida sin la determinación del sujeto hacia el cual se dirige, es decir, con quien se busca establecer el negocio jurídico.
b. Asimismo, la carta de crédito debe contener el importe de ésta, el monto por el cual es expedida, es así que la misma debe imperiosamente establecer un máximo o una cantidad fija.
c. Otra de las características es que debe contener la fecha de expedición ya que la misma cuenta con un plazo en el que es cancelada, ya sea por convenio entre las partes o en defecto de éste, el plazo legal.
d. Y los últimos elementos esenciales de esta carta de crédito es que la misma no es negociable, ni protestable, y tampoco requiere de aceptación, de igual forma no da ningún derecho de acción en contra el destinatario.
SUJETOS INTERVINIENTES
En cuanto a los sujetos que intervienen tenemos los siguientes:
a. BANCO EMISOR O ENTIDAD PRIVADA (DADOR): es la entidad bancaria o privada que redactará la carta de crédito a favor del tomador, que en ciertos casos puede ser su cliente, al cual le concedió un crédito o resguarda el importe de la carta de crédito de este último.
b. TOMADOR: es la persona que recibe la carta de crédito para que la misma le sirva como carta de recomendación frente al tercero del cual busca la obtención de mercancías o servicios.
c. DESTINATARIO O TERCERO: usualmente es el banco del exportador, el mismo que una vez verificada la carta de recomendación decide realizar (o no) el negocio jurídico solicitado.
sábado, 16 de enero de 2021
CARTA DE CRÉDITO - GENERALIDADES - DEFINICIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA
A medida que la sociedad avanza también lo hace el comercio, ya que la imperiosa necesidad de servicios y productos que no se encuentran cerca de nosotros trae como consecuencia el comercio, ya no solo por medio del intercambio, ni de plaza a plaza y de comunidad a comunidad, sino de país a país.
En este necesitar y suplir de las necesidades humanas se crea y desenvuelve un comercio internacional que debe estar respaldado por el sistema jurídico vigente que establezca instrumentos y operaciones bancarias que den la seguridad al exportador o vendedor que el pago de las mercancías o servicios que preste o que envíe será pagado en tiempo y forma por el importador.
Para la seguridad del importe de la venta a efectuar, no basta que el importador afirme su solvencia, sino que la misma sea comprobable y asegurada por medio de instituciones bancarias o privadas a las cuales el Estado les ha reconocido tal función y, consecuentemente, la liquidez suficiente para que actúen en el tráfico jurídico, pues éstas, a pesar de ser entes privados siguen siendo vigiladas por la Superintendencia del Sistema Financiero, lo que les dota de seguridad amplia, integral y comprobable, claro está, superior y de mayor confianza que la que puede tener un comerciante o importador por sí mismo.
Es así como, el exportador voluntariamente elige realizar (o no) el negocio jurídico, ya que existe un ente que honra el crédito bajo el cual se realizará la venta y por supuesto el importe de las mercancías o servicios que dará al decidir ejecutar dicho negocio.
El Derecho, en estos casos, debe estar a la vanguardia de estos cambios y, como decíamos, deberá establecer los mecanismos bajo los cuales estos negocios se realizarán. En nuestro caso en especifico el legislador contempla en el Código de Comercio la Carta de Crédito, en el Libro Cuarto, Titulo VII bajo el acápite OPERACIONES DE CREDITO Y BANCARIAS, comenzando su regulación en el Capítulo VI, artículos del 1178 al 1183.
En atención a esos preceptos y a diferentes autores se hará un desglose que girará en torno a la Carta de Crédito, desde sus antecedentes generales como aquellos que específicamente le conciernen a El Salvador, seguido de su definición, dejando clara su naturaleza y objeto, estableciendo además las características que le dan su carácter propio mas no absoluto, ya que la misma requiere del auxilio de otros instrumentos que en el desarrollo de este trabajo se dejarán fijados. Sin dejar de lado los sujetos intervinientes, la forma en que intervienen, las obligaciones y derechos que les asisten y deben cumplir.
Todo lo anterior revestido de la regulación normativa de los artículos ya mencionados y su contraste con la realidad practica y actual de la Carta de Crédito, logrando así un enfoque amplio de lo que esta significa esta institución, de su utilidad y de su posición en lo que respecta al ordenamiento jurídico.
GENERALIDADES
1.1 DEFINICIÓN
En nuestro Código de Comercio no se encuentra una definición legal de la Carta de Crédito por lo que para tener una idea base de ésta, es necesario tomar ciertas definiciones, y poder así, posteriormente definirlo según nuestros propios términos y al amparo del ordenamiento jurídico que nos rige.
Para la Cámara de Comercio Internacional, el crédito es “todo acuerdo, como quiera que se denomine o describa, que es irrevocable y por el que se constituye un compromiso firme cierto del banco emisor para honrar una presentación conforme”.
Por su parte DAVALOS, Felipe, menciona que “es una carta (misiva) dirigida a un sujeto al que se le pide que entregue un determinado valor a su portador; es una carta de recomendación, que implica dos principios:
• Se introduce al portador de la carta al destinatario, identificándolo como el acreedor del derecho que se infiere de la misma carta.
• Contiene la solicitud del remitente al destinatario de entregar al portador un derecho, una cantidad de dinero en efectivo o un servicio”
El artículo 564 del Código de Comercio mexicano, derogado en esta materia por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, citado por CERVANTES, Raúl, explica que “es un documento que da un comerciante a favor de otra persona y contra otro comerciante, para que le entregue el dinero que le pida, hasta cierta cantidad determinada, y dentro de un plazo señalado expresamente"6
Entonces, esta carta de crédito resulta ser una carta de recomendación no protestable, no negociable, hecha por el emisor (banco o entidad privada) a favor de un tomador que debe necesariamente ser persona determinada, para que la utilice como garantía para la obtención de prestaciones hechas por un tercero o beneficiario de la carta, por un máximo o cantidad determinada y a plazo fijo, es decir, esta carta de crédito es una garantía de los fondos que posee el tomador o de los cuales responderá el banco por medio de un crédito a favor del primero, honrando de esta forma la prestación.
1.2 NATURALEZA JURÍDICA
Respecto a la naturaleza de la carta de crédito nos dice CERVANTES, Raúl, que “La carta-orden de crédito contiene una invitación que hace el dador de la carta al destinatario, para que entregue cierta cantidad de dinero al beneficiario, dentro de los límites establecidos en la misma carta. Cae en consecuencia, dentro de la figura jurídica de la asignación o sea del acto por el cual el asignante da orden al asignado de hacer un pago al asignatario”7.
En contraposición y quizá más acertadamente, se dice que “es un contrato de crédito, de alguna manera ejecutivo, no aceptable ni protestable y carente de autonomía”8
Es así que la misma se puede considerar como un mandato, no obstante no cumple la función como tal pues lo que hace el banco emisor de la misma es dar la seguridad, honrar el crédito, mas no cumple otra función respecto al mandato, es por tanto, una operación de crédito, una carta de recomendación que usualmente tiene su base en un contrato de apertura a crédito, tal como se menciona en la contraposición ya dicha, donde el banco o entidad privada da un crédito al acreditado para que el tercero obtenga la seguridad de su pago ante la solvencia comprobable por medio de la carta de crédito, o de los montos propios del tomador, es decir, cuando el tomador ha dado previamente el importe del crédito, esto bajo el respaldo del banco emisor o entidad privada de la misma, ya que el tomador puede tener ya una provisión que el banco o entidad garantizará ante el tercero o beneficiario.
sábado, 5 de diciembre de 2020
PRUEBA PERICIAL Y RECONOCIMIENTO JUDICIAL - MEDIOS PROBATORIOS - CPCM
El sistema de valoración será también el de la sana crítica y no supone una posible impugnación ya que ha sido extraído de lo real, de aquello percibido por los sentidos y ha sido constatado en acta, cabe destacar que se hace en presencia de las partes que son previamente citadas judicialmente.
jueves, 26 de noviembre de 2020
MEDIOS PROBATORIOS - INTERROGATORIO DE TESTIGOS - CPCM
Es una prueba personal por la que se pretende obtener información pertinente y útil sobre los hechos controvertidos, de sujetos que son terceros ajenos a la contienda (Código Procesal Civil y Mercantil comentado, EDICIÓN 2016, pág. 398), característica fundamental y diferenciadora de la declaración de parte y parte contraria en su caso.
De igual forma, en el caso de interrogatorio de testigos se tiene que puede ser cualquier persona, incluso un menor de edad con la salvedad de tener el suficiente discernimiento tanto para conocer como para declarar de los hechos que son objeto de la controversia.
Dentro de este medio de prueba, resultan varias variantes en cuanto a las cualidades del testigo y a actitudes observadas en el interrogatorio al que se le ha sometido. Cabe destacar que al testigo no se le pide emitir juicios de valor, ni hipótesis, ni siquiera máximas de la experiencia especializada, para cuyo cometido se implementa a su vez la prueba pericial, por ello, este solo debe dar su versión sobre los hechos, ya que si va mas allá de la pura de la apreciación de hechos y logra a la vez conocerlos y verlos desde una perspectiva de conocimientos técnicos o prácticos, no solo servirá como testigo sino también como perito, no obstante este seguirá siendo testigo y no perito, ya que los hechos se han borrado y no están al alcance del juez o del perito en su caso, en palabras llanas este tipo de testigo vendría a ser un testigo-perito, un testigo con conocimiento especializado, pero el hecho de que tenga conocimientos especializados no lo convierte en prueba tasada ni de mayor valor que un testigo ordinario, por tanto será valorado al igual que los demás mediante el sistema de sana critica (Código Procesal Civil y Mercantil Comentado, EDICIÓN 2016, pág. 399) y podrá ser impugnada ante la concurrencia de los hechos siguientes:
a) “Al comportamiento del testigo mientras declara o a la forma en que lo hace”. Este primer supuesto parece ir dirigido más bien al contrainterrogatorio, pues antes del acto de prueba no es posible saber qué actitud adoptará el testigo cuando se siente frente al juez y deba responder las preguntas que se le hagan (y que antes de ese momento, desconoce) y porque, por eso mismo, no se trata de pedir prueba sino de advertir al juez de ello, en todo caso.
b) “A la naturaleza o carácter del testimonio”. La frase legal debe entenderse, en primer lugar, en el sentido de que se solicite prueba para demostrar que el testigo no conoce los hechos de manera directa y personal –como debería-, sino por referencia de tercero, lo que lo haría ineficaz. Pero también cabe aquí pensar en aquella otra prueba, que puede serlo perfectamente también testifical, por la que se acredite que el testigo no estaba en el lugar de los hechos cuando éstos sucedieron.
c) “En el grado de capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar los hechos sobre los que declara”. Una solicitud de prueba sobre tal extremo parece que tendría que serlo médico-pericial, pues las eventualidades que describe (incapacidad de percepción, recuerdo y comunicación) no tienen que ver con las condiciones concretas en las que se dice percibidos los hechos, sino con una incapacidad genérica para aprehenderlos o transmitirlos; o en razón de una minusvalía parcial de la persona.
d) “En la existencia de cualquier prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad que pudiera afectar el testimonio”. Existen causas de parcialidad como el parentesco, fácilmente demostrables por vía documental (registro civil); en cambio otras son más bien de índole subjetiva y presentan mayor grado de dificultad probatoria (amistad o enemistad con alguna de las partes, interés en las resultas del pleito); son demostrables generalmente a través de testificales, o por vía de presunciones hominis (actos del sujeto anteriores o posteriores a los hechos controvertidos, de los que se deduce ese ánimo afectivo o ese interés).
e) “En manifestaciones o declaraciones anteriores del testigo”. Esto puede servir para demostrar dos cosas: o que el testigo ha dicho antes algo distinto a lo que ahora previsiblemente va a declarar sobre el mismo hecho; o que el testigo ha sido descubierto como mendaz en otros procesos anteriores, lo que significa que no resulta creíble y actúa por otro tipo de motivaciones (recompensa, enajenación mental, entre otros) distintas a la de decir la verdad. El Código añade que presentada un acta donde conste una declaración anterior del testigo propuesto, podrá pedirse prueba para enervar su declaración -se entiende, la que va a rendir en este proceso, no en aquel otro.
f) “Mediante prueba de su carácter o reputación”. Estamos ante una cláusula que debe ser interpretada y aplicada por los tribunales de manera restringida, su uso no puede servir de excusa para montar un juicio de valoración moral o ética sobre la conducta o los actos generales del testigo, menos todavía para invadir y revelar ámbitos de su intimidad personal y familiar. Se trata, más limitadamente, de poder aportar prueba que demuestre que el sujeto anteriormente ha incurrido en comportamientos falaces en otros juicios. El Código entre otras circunstancias, advierte que “no será admisible la prueba para impugnar o sostener la credibilidad de un testigo que se refiera a sus creencias religiosas, a la carencia de ellas o a sus convicciones políticas”.
g) El intentar probar que la deposición del testigo no se funda en un conocimiento de los hechos sino en “un mero juicio de valor derivado de sus creencias particulares”; esto es, meras suposiciones o especulaciones sobre lo que pudo o no suceder, según el testigo, a virtud de la naturaleza del hecho o de la opinión que tiene el testigo de las partes. (Código Procesal Civil y Mercantil Comentado, EDICIÓN 2016, pág. 407, 408).
Dentro de este mismo medio de prueba se deja fuera aquel testigo que no tenga conocimiento personal del hecho, es como lo que comúnmente sucede, un mero decir de las esquinas y calles, algo meramente divulgado y rellenado ante la falta de la secuencia exacta de los hechos, es decir, un testigo de referencia, el cual no hace fe dentro del proceso.
Al igual que los medios antes vistos, deben ser propuestos en la demanda, contestación o reconvención, según sea el caso, agregando los datos generales de la persona que se pretenda tener como testigo, pero su presentación por razones lógicas será hecha por la parte que los propuso en la audiencia de prueba o probatoria.
Asimismo, el código señala exenciones al deber de declarar, mismas, que son también aplicables al medio de prueba antes expuesto, estas exenciones de acuerdo a la calidad que las personas ostenten, por su profesión o ideología, tengan la facultad y decisión de negarse a declarar, ya que, en ocasiones, la circunstancia en que se captan los hechos por un tercero que luego se convierte en potencial testigo, se enmarca en una relación profesional protegida con un deber de confidencialidad regulado a su vez por el ordenamiento jurídico, tal es el caso de las partes y su abogado o abogados, médicos, sacerdotes, etc., salvo cuando existiere alguna excepción a esta facultad, es decir, cuando:
En los abogados, cuando (art. 370):
“1° Los servicios (...) hubieran sido solicitados o realizados para planear cometer un delito o un acto que violente la ley;
2° La comunicación resulte pertinente en una controversia en que se pretenda demostrar que el abogado violó su deber de confidencialidad para con su cliente; o
3° El cliente hubiera relevado a su abogado del deber de confidencialidad”.
b) En el profesional de la medicina, cuando (art. 371):
“1°. Los servicios de un médico fueron solicitados u obtenidos para planear o cometer un delito o un acto que violente la ley;
2°. La información fuere esencial para decidir una controversia sobre el estado o capacidad mental de un paciente;
3°. Fuera necesario revelar la comunicación como prueba sobre la conducta de un demandado o demandante en el litigio;
4°. La información fuera esencial en casos de responsabilidad civil por mala praxis médica, para una posible indemnización de daños y perjuicios;5°. La comunicación fuera pertinente para resolver una controversia en la que se reclamen obligaciones emanadas de un servicio de atención médica, exista o no contrato, y cuando se refiera a un seguro con cobertura de cualquier servicio médico o médico-quirúrgico;
6°. La comunicación fuera pertinente en una controversia en la cual el médico hubiera violado su deber de confidencialidad para con su paciente; y que,
7°. El cliente hubiera relevado a su médico del deber de confidencialidad”, es decir, que este haya dado el permiso para no guardar el debido secreto profesional.
c) En materia de secretos comerciales o industriales, salvo cuando fuere necesario para probar un fraude de ley, un delito, una violación a la legislación sobre propiedad intelectual o industrial o para resolver cualquier otra controversia, a juicio prudencial del juez o tribunal en función de descubrir la verdad sobre los hechos en disputa. (Código Procesal Civil y Mercantil Comentado, EDICIÓN 2016, pág. 403, 404).
Lejos de una facultad se encuentran también prohibiciones para no declarar ya sea por incapacidad, edad y sin dejar de lado el ya mencionado testigo de referencia.
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